La educación y los alumnos con necesidades especiales

Uno de los principios fundamentales de una sociedad desarrollada es la igualdad de oportunidades para el conjunto de sus ciudadanos. En este sentido, los niños con necesidades educativas especiales -aquellos que requieren, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta, según define el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte- presentan unas exigencias particulares que, con la evolución del sistema educativo y la profundización en el conocimiento psicológico de estos alumnos, la sociedad ha ido cubriendo de forma paulatina. En parte, gracias a la iniciativa de entidades como Ediciones Aljibe, una empresa fundada en Málaga en 1990 con el objetivo de cubrir la demanda existente de condensar en una obra general “las inquietudes de algunos profesionales de la educación y la psicología con respecto al entonces nuevo marco de las necesidades educativas especiales”. De ahí nacerían obras como Necesidades especiales, un libro coordinado por Rafael Bautista que, desde un enfoque teórico-práctico, ofrece “pautas de acción educativa aplicables a los distintos trastornos y minusvalías” abordados en el compendio, siempre sin olvidar los distintos planteamientos teóricos. A éste le siguió el Manual de logopedia escolar, coordinado en esta ocasión por José Ramón Gallardo y José Luis Gallego. Esta segunda obra de la pionera editorial malagueña apostaba por adoptar un enfoque práctico en su material,  desarrollado por una serie de profesionales con muchas horas de vuelo en el terreno de las necesidades educativas especiales.

Por su parte, la administración pública prevé una línea de actuación en cuanto a los alumnos con necesidades especiales que pasa por los siguientes puntos, concretados de manera oficial:

  • La atención integral al alumnado que presenta necesidades educativas especiales se iniciará desde el mismo momento en que la necesidad sea identificada y
    se regirá por los principios de normalización e inclusión.
  • Las Administraciones educativas dispondrán los medios necesarios para que todo el alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como los objetivos establecidos con carácter general en la Ley Orgánica de Educación.
  • Se adoptará la atención a la diversidad como principio fundamental y se recogerá la forma de atención a la misma en el proyecto educativo del centro.
  • Los centros contarán con la debida organización escolar y realizarán las adaptaciones y diversificaciones curriculares precisas para facilitar a todo el alumnado la consecución de los fines establecidos.
  • Las enseñanzas que ofrece el sistema educativo se adaptarán al alumnado que presenta necesidades educativas especiales. Dicha adaptación garantizará el acceso, la permanencia y la progresión de este alumnado en el citado sistema.
  • Se contribuirá, por parte de las Administraciones educativas, a favorecer la elaboración de modelos abiertos de programación docente y de materiales didácticos que atiendan a las distintas necesidades del alumnado.
  • Las condiciones de realización de las pruebas establecidas en la Ley Orgánica de Educación se adaptarán para aquellas personas con discapacidad que así lo requieran.

La finalidad de estas medidas, en definitiva, persigue proporcionar una calidad en la educación para todo el alumnado, “independientemente de sus condicionesHands 2 y circunstancias”. De este modo, insiste el programa ministerial, esta equidad que garantiza la inclusión educativa es la base para esa citada igualdad de oportunidades y la no discriminación que, gracias a su efecto corrector, permite compensar las desigualdades “personales, culturales, económicas y sociales” que, en este caso, se refieren a la discapacidad. Una meta de igualdad de trato y no discriminación que se supera, por tanto, por la flexible adecuación de los recursos educativos a las distintas “aptitudes, intereses, expectativas y necesidades del alumnado”.

No obstante, todavía queda mucho camino que recorrer, alargado incluso por los sistemáticos recortes en el presupuesto de la educación pública desarrollados por el gobierno del Partido Popular con motivo de la crisis económica. Es ésta, por ejemplo, la situación que denunciaba el alumnado sordo y universitario en el seminario acerca de este colectivo y celebrado los días 26 y 27 de marzo en Alicante, quienes reclamaron el refuerzo en los recursos de accesibilidad para los estudios de lenguas extranjeras. Desde esta plataforma, los estudiantes sordos integrados en el sistema universitario español solicitaban, entre otras medidas, la existencia de intérpretes de lengua de signos que les permitan seguir las clases del idioma extranjero al mismo ritmo y con la misma calidad que sus compañeros, así como la implantación de una serie de criterios uniformes en los exámenes que no suponga un menoscabo respecto al resto del alumnado, cuestión que ocurre, por ejemplo, ante pruebas de aptitud como el ‘listening’.

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